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  1. Periodista -Bueno, ¿qué tal ayer? Irene Montero -En el 8, muy bien, muy bien. Yo salí muy contenta porque mogollón de peña... Periodista -Volcada, y muy diferente, que es lo mejor, es lo más guay. Irene Montero -Como, no sé, sí, o sea, como con mucha conciencia de... O sea, como que es un movimiento fuerte, tía. Periodista -Sí, yo creo que ya está consolidado y que la gente ya, no sé... Irene Montero -Y con mucho empuje para..., con mucha claridad, de esto es lo que queremos y por aquí vamos. Periodista -¿A qué crees que se debe la bajada de cifras? Irene Montero -Pues tía, creo que al coronavirus. O sea, no lo voy a decir porque no lo voy a decir. Periodista -Sí, porque te van a sacar... Irene Montero -No, pues porque, tía, quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como Gobierno es buena comunicación muy basada en los datos médicos. Claro, como siempre priorizar la salud pública, no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico generalizado que ya hay porque incluso hay países europeos que ya están tomando medidas drásticas. La capacidad real de control que están teniendo es muy limitada tomando medidas superdrásticas. Periodista -Superdrásticas. Irene Montero -Pero, en verdad, creo que sí. Que la cosa de que si tienes síntomas no te muevas mucho [...] Bueno, al final, es que hablando así... Periodista -Claro, y es un sitio donde al final tienes una distancia muy corta... La gente además se abraza, lo celebra. Irene Montero -Es que esto es ya cierre del Ministerio porque la gente todo el rato «un beso ministra, ¿te puedo dar un beso?. Bueno, dicen que el coronavirus pero da igual... muac, muac», ¿sabes? Periodista -Ya. Irene Montero -Y con la niña: «hola bonita, ¿cómo estás?». Y es como la mano, no. Periodista -Claro, es que no puedes hacer nada...
  2. Creo que es la primera vez en veinticinco años como docente que siento el desasosiego, que no tengo ánimo suficiente para abrir la plataforma y leer los mensajes de los estudiantes, que no tengo desviados los avisos al correo personal, y es porque necesito volver a construirme esa pequeña burbuja de cristal transparente donde proteger mi pequeño espacio personal. Supongo que fui utópica cuando esto empezó, cuando sentí que este aislamiento social nos iba a hacer mejores, que las ganas de abrazar que teníamos nos iba a hacernos sentir cerca pese a la distancia, que los estudiantes iban a mirar al futuro con ganas de mejorar y cambiar el mundo, porque solo en ellos está nuestro futuro. Pero eso fue, una utopía que poco a poco se fue diluyendo como una tenue brisa que ya no está. Aquel espíritu inicial nos hizo dar lugar a una sobrecarga de trabajo intentando buscar cercanía en el cable de la red, siempre sabiendo que era esta una situación forzada y quizá pensando que iba a durar menos de lo que realmente ha sido. Nuestros mensajes a los estudiantes intentaron transmitir cariño e interés por sus personas queridas, desde una distancia en la que no sabíamos cómo estaban, ni si estaban sufriendo una pérdida o una enfermedad. Sus respuestas, sin embargo, transmitieron exigencia hacia nosotros, una sensación de que debíamos dar infinito, por si no era ya suficiente abrirles las puertas de nuestra casa, porque ahí estábamos cada semana, mi marido, mis hijos y las decenas de estudiantes que se asomaban al salón de mi casa, al lugar que en otro tiempo fue mi refugio. Estoy cansada, cansada de sentir que el objetivo que tienen no es aprender sino aprobar, y si puede ser con poco esfuerzo, tanto mejor. Pero en el fondo lo que más me duele es la tristeza al sentir que he perdido la emoción por enseñar, que me han robado el ansia de aprender. Quiero, sin embargo, terminar mi carta con una petición de disculpa a esos pocos estudiantes, muy pocos, que han sido correctos, que se han preocupado por preparar con mimo e ilusión sus tareas, que tuvieron alguna palabra capaz de sacarnos una sonrisa. Ellos, sin saberlo, consiguieron que conservásemos un hilo de energía para terminar el curso. * Blanca Arteaga-Martínez es profesora y vive en Madrid. Si tú también quieres compartir tu testimonio sobre cómo estás viviendo la situación provocada por el coronavirus puedes hacerlo escribiendo a testimonioscoronavirus@abc.es Debes indicarnos tu nombre completo, DNI y lugar de residencia. Seleccionaremos las historias más representativas para publicarlas en ABC.es
  3. La Guardia Civil ha vivido la última semana unos manejos que guardan muchas similitudes con los que sufrió la Policía durante el Gobierno del PP. Igual que entonces, Interior se ha escudado en la coletilla de «pérdida de confianza». Esa y la «necesidad de adaptar estructuras» o «cambios organizativos» son las excusas recurrentes cuando los mandos policiales se convierten en molestos para el Ejecutivo, en ocasiones por proteger a sus investigadores. Utilizar a la Policía y a la Guardia Civil con fines políticos es una tentación que ningún partido rehúye. Y los ejemplos se han sucedido en los últimos años. Todo depende de que se esté en el Gobierno o en la oposición. Durante el primer mandato de Mariano Rajoy, la Comisaría General de Policía Judicial, que tiene entre sus competencias la lucha contra la corrupción, el tráfico de drogas y el crimen organizado, cambió cuatro veces de titular en menos de dos años, un dudoso récord que sigue imbatible. La investigación del ático en Marbella del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, le costó el puesto al comisario Enrique Rodríguez Ulla, destituido a los cinco meses de su nombramiento. Cuatro comisarios en 2 años La razón argumentada fue potenciar la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales. De forma no oficial se atribuyó el relevo a «determinadas irregularidades» detectadas durante la investigación del ático. Como en el caso del cese del coronel De los Cobos, se filtraron documentos policiales secretos que no conocían ni el director general de la Policía ni el ministro del Interior. Él había sustituido al polémico Juan Antonio González, que inició las investigaciones de Gürtel, y compartió cacería en las mismas fechas con el entonces juez Baltasar Garzón y el exministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo. Cosidó lo relevó nada más tomar posesión como director general de la Policía y nombró a Rodríguez Ulla, que duró cinco meses. En su lugar, el PP optó por uno de los policías con más prestigio y mejor trayectoria en la Policía Judicial, el comisario principal José García Losada, quien ya había ocupado ese puesto en 2002 durante el Gobierno de Aznar y, pese a los grandes resultados, fue sustituido por el Ejecutivo de Zapatero. Cambio de equipos, que son moneda común en la Policía. Losada fue nombrado en julio de 2012 y antes de cumplir un año al frente de la Policía Judicial empezaron los rumores de su cese. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le reconoció que el ministro Jorge Fernández Díaz «quería cabezas». Losada era el responsable último de los investigadores de la trama Gürtel y de los papeles de Bárcenas. La espita la abrió el informe sobre el cumpleaños del hijo de la ministra de Sanidad Ana Mato, que según la Policía había pagado una empresa de Gürtel. Varios responsables políticos llegaron a acusar a los agentes de mentir en esos informes. Pero lo que acabó de rematar al mando fue no plegarse al blanqueo de borradores elaborados por el excomisario Villarejo a los que sus superiores pretendían colocar el sello de la UDEF para presentarlos a los juzgados. Entre ellos los de los Pujol, otro de Artur Mas y uno que atribuía al entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, una cuenta secreta en Suiza. Villarejo es el claro ejemplo de uso y beneficio político-policial. Pese a que ahora nadie le conoce todos los Gobiernos desde el PSOE de González le han amparado como está evidenciando el procedimiento de la Audiencia Nacional. Campañas de desprestigio La Guardia Civil tampoco se ha librado. Sin la trascendencia mediática de otras grandes causas, los investigadores de las clínicas abortivas de Madrid (2007) vivieron todo tipo de presiones por parte del PSOE con Fernández de la Vega como vicepresidenta y una campaña de desprestigio alentada por sectores del Gobierno. El ministro Grande-Marlaska cesó al coronel Manuel Corbí, jefe de la UCO, cuando llevaba un mes en Interior después de que se filtrara un correo que el mando había enviado a sus subordinados sobre la paralización de fondos reservados para las investigaciones en marcha. Corbí ya había tenido que lidiar con las acusaciones del PP de Madrid por las causas de corrupción Púnica y Lezo. Francisco Granados presentó varias denuncias contra los investigadores, que no prosperaron, mientras que Cristina Cifuentes los acusó de equivocarse en sus informes cuando la señalaron por prevaricación. El cese del jefe de riesgos laborales de Policía en plena crisis del Covid-19 La Dirección General de la Policía cesó al jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, José Antonio Nieto González, el responsable policial encargado del protocolo interno por el coronavirus, nada más decretarse el estado de alarma. Le quedaban tres meses para jubilarse y es uno de los grandes especialistas en salud laboral del Cuerpo. Los sindicatos policiales atribuyeron ese relevo a que Nieto ya había alertado y dispuesto medidas para los agentes que estaban en puestos de riesgo, como las fronteras, a finales de enero mientras el Gobierno minimizaba los efectos de la pandemia. Fuentes oficiales argumentaron otra razón. Se le acusó de filtrar un informe sobre el Covid-19 que recibió el 12 de marzo y que solo era un borrador. Nieto lo distribuyó a todas las Jefaturas.
  4. La resaca de las movilizaciones del sábado en favor del etarra Patxi Ruiz dejó otra oleada de ataques en las calles vascas, con una nueva pintada en una sede del PNV. El fantasma de la violencia aumenta cuando falta menos de un mes y medio para la cita electoral en el País Vasco. Y en el epicentro del terremoto se haya la coalición EH Bildu de Arnaldo Otegui, que se ve ahora acorralado en la batalla interna del nacionalismo radical. Han pasado ya tres semanas desde que Ruiz, disidente de ETA contrario a su «liquidación», anunciara la huelga de hambre. Su protesta sirvió a los extremistas como pretexto para reemprender una campaña de acoso a partidos y políticos que parecía ya superada pero que, a tenor de lo acontecido, puede acabar convirtiéndose en un factor más de la campaña electoral. Los partidos vascos han reclamado públicamente a Bildu que trate de poner freno a los actos de «kale borroka». Pero es cierto que la existencia de ATA, el movimiento que acoge a la facción más dura del nacionalismo radical, incomoda a Otegui, cuya fachada de adalid de la paz en la Comunidad Autónoma vasca se resquebraja por su negativa a condenar la violencia por temor a enfurecer a su propio entorno. Bildu sigue incapaz de romper con su pasado violento. La heredera de Batasuna se mantiene en una posición equidistante, y se ha negado a suscribir declaraciones de «condena» de la violencia tanto en el Parlamento vasco como en diversos ayuntamientos, incluidos los de Galdácano y Durango. En este último, por cierto, con la complicidad de Podemos, que arropó a los batasunos en su negativa a apoyar un texto de repulsa hacia este tipo de actuaciones. Esta situación puede poner en entredicho la libertad de los propios dirigentes políticos para llevar a cabo su campaña de cara al 12 de julio. Lo padeció Idoia Mendia, secretaria general del Partido Socialista vasco, en cuyo domicilio lanzaron pintura y folletos de los proetaras. Aquello sucedió la noche del 19 de mayo. Un día después, una caravana de coches desfiló por delante de la casa de la socialista con fotografías del preso. El acoso sigue presente en las calles del País Vasco. El último episodio de violencia con el sello de los proetarras tuvo lugar la noche delsábado, cuando desconocidos realizaron pintadas en el «batzoki», sede del PNV, del barrio bilbaíno de Deusto, que precisamente ya fue objeto de sabotaje en días anteriores. Durante la madrugada se calcinaron además seis contenedores en el municipio vizcaíno de Lequeitio, aunque fuentes del Departamento de Seguridad informaron de que todavía se desconocen la identidad de los autores.
  5. Gobierne quien gobierne España, el PNV siempre gana. Este es un axioma informal cincelado en el frontispicio mental del Congreso de los Diputados, donde el grupo nacionalista vasco vende a precio de oro su puñado de escaños. Siempre al mejor postor. Da igual Aznar que Zapatero, Sánchez que Rajoy. El suyo es un negocio redondo que administra con talento y ambición. El riesgo de su inversión en la gobernabilidad del país es bajo, la rentabilidad es máxima. Y si algo no le gusta al PNV se desentiende como ya demostró hace hoy dos años, cuando en apenas una semana fue capaz de apoyar los Presupuestos de Rajoy a traicionarle sumándose a la moción de censura a favor de Sánchez. Soltaron amarras sin salpicarse. Con apenas cinco o seis diputados, el partido de Andoni Ortuzar lleva años recolectando jugosos frutos de La Moncloa, cheques millonarios o competencias que han hecho calar la idea de que el PNV es el administrador único de los intereses del País Vasco. De hecho, se atribuyen el nombre de «Grupo Vasco» en las Cortes, pese a que son 6 de los 18 diputados por las tres circunscripciones. Esta última semana han enseñado los dientes a Bildu, por meterse en el juego de «ser influyente» en Madrid. Tras el pacto de Otegui con PSOE y Podemos, el PNV ha vuelto a sacar tajada de Sánchez. El País Vasco y Navarra gestionarán el Ingreso Mínimo Vital. Y retomarán la negociación para el traspaso de 37 competencias, incluidas las prisiones vascas y quién sabe si finalmente el régimen económico de la Seguridad Social.. Que el PNV se vende muy bien lo comprobó pronto José María Aznar, quien inició un idilio insólito que no duraría dos años. No necesitaba sus cinco votos, pero los sumó a su acuerdo de investidura con CiU y Coalición Canaria. «Hemos sacado más en 14 días con Aznar que en 13 años con Felipe González», señaló Xabier Arzalluz el 30 de abril de 1996 saboreando en Génova el jugo exprimido. «Un beso en la boca» Aznar mejoró el Concierto Económico: amplió su capacidad normativa sobre el IRPF y les dio la recaudación vasca sobre impuestos especiales: tabaco, hidrocarburos y alcohol. El PNV rascó la creación de la empresa de telefonía Euskaltel. Y se congeló el Cupo, lo que el País Vasco paga al Estado por los gastos de competencias como Defensa, Exteriores... Arzalluz reprochó a los sindicatos el bloqueo a transferir la Seguridad Social, la gran aspiración pendiente. «Han impedido que nos demos un beso en la boca», dijo contrariado porque el PP «no movió un dedo» para ampliar las competencias previstas en el Estatuto vasco. Después llegó el Pacto de Estella, la pista de aterrizaje que el nacionalismo le puso a ETA frente a la reacción ciudadana por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. El PP y el PSOE se distanciaron del nacionalismo excluyente. La Ley de Partidos y el Plan Ibarretxe confirmaron la ruptura entre bloques. El PNV votó contra las dos investiduras de Zapatero, pero fue su salvavidas final cuando España naufragaba en la crisis económica.Ortuzar avisó el viernes de que el Gobierno pasará por caja: «Nuestra aportación a Sánchez fue la investidura, ahora él nos tiene que pagar a plazos» Septiembre de 2010. La delegación del PNV en el Congreso que lideraba Josu Erkoreka dio una rueda de prensa en Sabin Etxea eufórica, como si acabara de ganar las elecciones por mayoría absoluta. Llevaban de Madrid un botín «histórico» en la maleta. «Hemos traído al País Vasco un millón de euros diarios», aseguró exultante Erkoreka, que venía de apoyar los Presupuestos de los recortes al PSOE. El Gobierno agonizaba y Zapatero ganó un año de vida más a cambio del blindaje legal del Concierto, paso previo en 2009, y de transferir las políticas activas de empleo, un pacto que se cifró en 470 millones con inversiones indefendibles en pleno estallido económico y social. Fue la puntilla de Zapatero al lendakari Patxi López, al que el PNV enseñó que dirigía los intereses vascos incluso fuera de Ajuria Enea. Al PSE le quedaba un año de mandato. «Te dejo el tractor, Aitor» Iñigo Urkullu, entonces presidente del PNV en la oposición, arrancó de Zapatero un compromiso para completar el traspaso de 20 competencias pendientes, que quedó en papel mojado cuando el PP volvió a La Moncloa. Otra vez el PNV pasaría a años de barbecho hasta que en 2017 Rajoy les necesita. «Si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor», le animó al portavoz vasco, Esteban, en el Congreso. Los de Ortuzar volvían a exprimir la debilidad del Gobierno, hasta hoy. En la negociación de los Presupuestos de 2017, el PNV logró otro acuerdo «histórico» para el País Vasco que se tradujo en 5.000 millones en forma de devoluciones del Cupo, impulso del Ave vasco y otras inversiones millonarias. Su apoyo a las Cuentas de 2018 se cuantificó en 540 millones, aunque el PNV forzó una subida general de las pensiones que Montoro negó a Ciudadanos. Días después, llegó la gran traición. El último en pasar por caja es Sánchez, que además de prometer el traspaso de 37 competencias pendientes al País Vasco, les acaba de premiar en vísperas de la campaña electoral con la gestión del Impuesto Mínimo. El Estado paga y el Gobierno del PNV entregará la prestación. «El tanque está algo más lleno», confirmó sonriente Esteban tras avisar de que su confianza se agotaba por el pacto con Bildu. Lo resumió bien Ortuzar el viernes: «Nuestra aportación a Sánchez fue la investidura, ahora él nos tiene que pagar a plazos».
  6. Ante la amenaza sanitaria, económica y social actual, nadie gana con la confrontación. Cuando la amenaza es global la respuesta más racional es la cooperación. De ahí la proliferación de estrategias de colaboración en todos los sectores sociales, impensables hace unos meses. Sin embargo, no sucede lo mismo en la política, donde el juego de poder es de suma cero: el principal adversario del político es otro político, no la amenaza externa. Por eso, la gran crispación política en España, Francia, Reino Unido, EEUU o Brasil, curiosamente los países con peores resultados ante la pandemia. No es la crisis la que lleva a tal polarización, es precisamente al revés. Son las estrategias de polarización política las que están en el origen de la peor respuesta de esos gobiernos. En Francia no se suspendieron las elecciones del 15-M por la tensión de los chalecos amarillos. Aquí, el caos en la publicación de datos oficiales sobre el Covid-19 sólo se explica desde la lógica de primar los intereses políticos de tribu sobre la imperiosa necesidad de luchar ya contra el resto de las enfermedades, y de evitar el empobrecimiento definitivo de amplias capas de la sociedad. El ingreso mínimo vital es una medida justa, inteligente y necesaria, pero será inviable si el Gobierno se empeña en anteponer sus intereses políticos sobre la reactivación de la economía. Si seguimos confinados, el Estado no tendrá los 10.000 millones de euros necesarios para el próximo año. Y en estas, la mayoría de los partidos políticos españoles, optaron esta semana por subir aún más los decibelios de la crispación política. Como si los 46.000 muertos provocados por la crisis, la mayoría por el Covid-19, y los dos millones de empleos destruidos este año no fueran suficiente sufrimiento. El 12 de julio las estrategias de la crispación se darán de bruces contra el sentido común de los electores vascos y gallegos: luego que no digan que no lo avisamos.
  7. La crisis del coronavirus ha generado crecientes enfrentamientos entre China, origen de la pandemia, y Occidente por la gestión del brote y la falta de transparencia del gobierno de Pekín. Esto ha provocado que el gigante asiático se refugie en sus aliados de África, cuyos líderes no han criticado abiertamente a Pekín pero sí han firmado la resolución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que haya una investigación independiente. A principios de esta semana, el líder chino Xi Jinping utilizó su discurso de apertura en la Asamblea Mundial de la Salud para hacer hincapié en la preservación de los lazos diplomáticos con África y prometió aportar 2.000 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los próximos dos años para ayudar a las economías en desarrollo. También prometió que la vacuna llegará a África en cuanto la encuentren. El gigante asiático ha realizado en los últimos dos meses generosas donaciones para tratar de contener la propagación del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad que provoca Covid-19 por todo el mundo. África ha sido de las regiones más beneficiados. «China está utilizando la actual crisis como una oportunidad para apuntalar su papel de liderazgo global y su poder blando, compartiendo sus experiencias en la lucha contra el Covid-19 y a través de sus donaciones de equipos médicos, por ejemplo, a través de la fundación Ma», explica a ABC la doctora Leaza Jernberg, doctorada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Witwatersrand. Un revés reciente La analista política sudafricana Sithembile Mbete destaca la «generosidad» del país asiático con África a raíz de la llegada del coronavirus: «China ha proporcionado mucha más ayuda al continente que Occidente hasta el momento, con alguna excepción en territorios concretos como Sudáfrica que, además, ha recibido la ayuda de los alemanes; o Nigeria, que ha tenido el apoyo de los Estados Unidos». La intervención de Donald Trump señalando a la OMS como «culpable» de la crisis por apoyar a China, a quien acusa, entre otras cosas, de esconder la gravedad de la epidemia, ha hecho que China encuentre su mejor apoyo en el continente africano. «África apoya al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, oriundo de Etiopía, y China se beneficiará de esa protección», destaca Mbete. Los lazos diplomáticos de China con las naciones africanas se remontan a mediados del siglo XX, cuando Pekín se acercó a nuevos países independientes al tratar de posicionarse como líder mundial en desarrollo y contrarrestar la influencia de Estados Unidos y la URSS durante la era de la Guerra Fría. Recientemente, esta relación ha sufrido un pequeño revés. A finales de abril, se produjeron graves episodios de discriminación contra africanos en algunas ciudades chinas que despertaron tensiones diplomáticas entre el gigante asiático y diversos países africanos. «Los actos discriminatorios contra los africanos en Guangzhou han afectado a la imagen de China en África, especialmente para los nigerianos y los africanos de países más occidentales», explica a ABC la analista política Sithembile Mbete, quien destaca los esfuerzos de China para revertir la situación en las últimas semanas. A pesar de que el racismo y la desconfianza ha tenido inevitablemente consecuencias negativas para la relación entre ambos, las dos partes se necesitan en sus relaciones comerciales. No es un secreto que los intereses de China pasan por las materias primas africanas y sus recursos agrícolas. Para la potencia asiática, hoy África es un aliado importante para materializar sus ambiciones geoestratégicas y su agenda política exterior; mientras que para el continente africano el gigante asiático se ha convertido en un socio vital para su desarrollo. Por delante de todos En los últimos años China ha desbancado a las antiguas potencias coloniales y a Estados Unidos como principal socio comercial de los países africanos. Su desembarco en África se ha traducido en una nutrida cantidad de inversiones y préstamos que contribuyen a la realización de importantes proyectos en el continente. «China ha sido un mejor socio para los gobiernos africanos que Occidente, invirtiendo en aquello que los africanos necesitan, como en infraestructuras», explica Mbete. Según la experta sudafricana, África y China han acercado posturas y buscan una relación más igualitaria. «En los últimos veinte años, el trato de China ha sido diferente con respecto a otras potencias mundiales en cuanto su cooperación con África, que se ha basado en ayudas puntuales pero sobre todo en el comercio y la inversión, sin el tipo de condicionalidad que tradicionalmente ha venido asociada con los países e instituciones occidentales», explica Mbete, quien no cree que África y China tengan una relación neocolonialista.
  8. Una ola de contagios por coronavirus se expande por los centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos, donde cientos de extranjeros indocumentados enferman mientras esperan resolver su situación legal. Más de 1.200 detenidos han dado positivo por Covid-19 estando bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, lo que representa el 50% de los 2.394 que han sido testeados por sospecha de Covid-19. EE.UU. alberga en sus prisiones cerca 26.000 indocumentados, pero sólo un 10% ha sido testeado. El centro de inmigrantes con más contagiados es el de Otay Mesa, una comunidad al sur de San Diego que hace frontera con la ciudad mexicana de Tijuana. A finales de mayo había 233 detenidos infectados, además de 29 empleados de CoreCivic, la empresa privada que administra el centro. Asimismo, Otay Mesa fue donde falleció el primer inmigrante infectado por Covid-19 bajo custodia del gobierno federal. Se trataba de Carlos Ernesto Escobar Mejía, un salvadoreño de 58 años que intentó entrar en EE.UU. para reunirse con sus familiares. «No han dado máscara a todos los detenidos, tampoco cumplen los requisitos de distancia mínima y no proveen la asistencia sanitaria necesaria», dice Enrique Morones, director de Gente Unida, una ONG ubicada en San Diego. Muchos de los detenidos de Otay Mesa son refugiados o solicitantes de asilo que están en prisión a la espera de que llegue su cita judicial. Sin embargo, la crisis sanitaria ha ralentizado los procesos judiciales en Estados Unidos, lo que provoca que miles de peticiones de asilo se acumulen en los juzgados. Esta situación hace que los inmigrantes tengan que pasar más tiempo encerrados en unos centros donde el coronavirus se expande como un incendio en la sequía. «Una demora en el proceso judicial es ya una condena, porque están continuamente expuestos al virus», comenta Morones a ABC. «Aquí en Otay Mesa hay muchos que están ya enfermos. Nadie viene a explicarnos lo que está pasando allá afuera en el mundo. Tenemos mala alimentación. No somos animales», dicen algunos de los inmigrantes de este centro de detención en una serie de audios divulgados en abril por Pueblos Sin Fronteras, una ONG enfocada en la defensa de los derechos humanos. Organizaciones no gubernamentales como Pueblos Sin Fronteras y el Comité de Amigos Americanos han pedido al gobernador de California que investigue la situación y haga responsable a CoreCivic de los posibles daños de salud que puedan sufrir los inmigrantes. Menores de edad Muchos de los detenidos son menores de edad que intentan adentrase en Estados Unidos sin compañía de sus padres, asegura Morones. «Van al norte para escapar de la violencia, pero luego las autoridades los regresan a sus países donde vuelven a ser víctimas de las bandas criminales», dice el activista. Al menos 1.000 niños migrantes no acompañados han sido devueltos a sus países desde EE.UU. a México y Centroamérica desde inicios de marzo, según Unicef. «Unicef alerta de que se están perpetrando actos de violencia y discriminación contra los repatriados, a los que se percibe como infectados por la enfermedad», señaló la organización en un comunicado. Según Unicef, que forma parte de Naciones Unidas, hay zonas de Honduras y Guatemala donde se prohíbe la entrada a los deportados para tratar de frenar la expansión de la enfermedad. Antes de la pandemia, se calculaba que unas 500.000 personas cada año salían de Centroamérica rumbo al norte. La razón principal por la que las personas emigran de El Salvador, Honduras y Guatemala son sus altos niveles de violencia, que se encuentran entre los más elevados del mundo. EE.UU. es el país con la población carcelaria más grande del mundo. Al menos 29.251 presos han dado positivo por Covid-19, es decir, aproximadamente un 1,4% de las 2,2 millones de personas encarceladas en las prisiones estadounidenses. Hasta el momento, 1,7 millones de personas en EE.UU. han contraído la enfermedad, mientras que alrededor de 104.500 han fallecido.
  9. La Asamblea Nacional, dirigida por el presidente interino Juan Guaidó, acordó en una reunión extraordinaria rechazar por unanimidad el incremento de la gasolina tanto en bolívares como en divisas anunciado por Nicolás Maduro por considerarlo inconstitucional, especulativo y discriminatorio, y factor que favorece la corrupción de mafias y grupos de enchufados del régimen chavista. La reunión parlamentaria extraordinaria se realizó de forma telemática con una hora de retraso, en un domingo convulsionado por los anuncios que hizo Maduro este sábado. El líder chavista lanzó un incremento de 50.000 millones por ciento por litro de gasolina sin anestesia ni consideración hacia un país que goza de las mayores reservas petrolíferas del mundo y que ahora el régimen importa de su aliado Irán. Así, la gasolina pasó de costar 0,00001 el litro a 5.000 bolívares (2,5 centavos de dólar) subvencionada y exclusiva únicamente para los chavistas con «carnet de la patria», mientras que el resto de los venezolanos tendrán que pagarla a 0,50 dólares el litro. El salario mínimo de un trabajador es de 4 dólares al mes y la cesta familiar asciende a 232 dólares. En el debate parlamentario, tras 21 años transcurridos sin ningún ajuste en los precios del combustible por temor a una revuelta como la del «caracazo» de 1989, participaron siete diputados, incluído su jefe el presidente interino Juan Guaidó, quien reiteró la necesidad urgente de instalar un gobierno de emergencia nacional previa salida de Nicolás Maduro. El diputado Elías Mata abrió el fuego de la discusión seguido de Robert Alcalá, José Pratt, Carlos Bastardo, Deyalitza Aray, Marco Aurelio Quiñones y Juan Pablo Guanipa y con la clausura de Juan Guaidó que leyó el «acuerdo de rechazo al inconstitucional aumento de la gasolina anunciado por el usurpador Nicolás Maduro como consecuencia de la corrupción y de la destrucción de PDVSA por parte de su régimen». «Inviable» El primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa destacó cómo durante el chavismo «los medios de comunicación fueron reducidos a su mínima expresión (200 medios cerrados), años saqueando la industria petrolera y ahora no tenemos gasolina. Lo de PDVSA es uno de los crímenes más grave de nuestra historia». «La economía ha sido destruida por la dictadura, ustedes son una plaga», dijo Guanipa al referirse al socialismo siglo XXI. Guanipa también subrayó que el régimen de Maduro «condenó y obligó a seguir una cuarentena que el pueblo no tenía como sostener, porque no hay agua, ni gasolina, ni comida, ni medicinas, ni transporte, ni luz, si no que quieren estimular la hiperinflación con unos aumentos que son impagables, los venezolanos rechazan este aumento». Por su lado el diputado Marco Aurelio dijo: «Juntos todos debemos conformar ese Gobierno de Emergencia Nacional que permita atender la crisis del coronavirus, la crisis de la energía eléctrica, del agua y del gas, este aumento es la guinda de la torta». El diputado Carlos Bastardo recordó que el régimen no ha invertido en la industria petrolera, «pone como excusa las sanciones de EEU pero Irán que también está sancionado tiene a sus refinerías funcionando y puede llevar gasolina a Maduro». Bastardo sostiene que el modelo de comercialización de la gasolina propuesto por Maduro es «otra estafa y un golpe al bolsillo de los venezolanos para favorecer la corrupción a los 200 empresarios enchufados de Maduro» Por todo esto destacó la necesidad de aplicar el artículo 187 de la constitución para pedir ayuda militar internacional a través del TIAR.